El miércoles quedó aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el proyecto de ley que contempla una subida generalizada, excesiva e injusta de las tasas judiciales.
Ya a principios del pasado mes de septiembre se empezaron a oír manifestaciones en contra de esta subida, que además de afectar a los ámbitos de las jurisdicciones civiles y contencioso-administrativas se añade ahora la jurisdicción de lo social.
El Presidente del Consejo General de la Abogacía española alertaba que esta implantación de las nuevas tasas a las personas físicas provocaría que muchos ciudadanos no puedan acceder a la Justicia.
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ha denunciado que la aprobación de las tasas es un veto sin precedentes. Para esta confederación el derecho de tutela judicial efectiva recogida en la Constitución Española queda vacía de contenido.
El colectivo de Abogados Jóvenes de Alicante se manifestaba frente al Palacio de Justicia de esa ciudad y expresaban que la Justicia es lenta, ineficaz, y a partir de la entrada en vigor de las nuevas tasas inalcanzable para el ciudadano medio.
El Colegio de Abogados de Orense y su Agrupación de Jóvenes Abogados informaban que el "tasazo judicial" generaría un triple efecto: se crearían dos justicias - una para pobres y otra para ricos- , también descendería la actividad profesional de procuradores y abogados, y finalmente disuadiría a muchos ciudadanos de acudir a los tribunales en protección de sus intereses.
El concepto Justicia Social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto de Justicia Legal que debe atender y observar las leyes, está basada en el principio de equidad.
Este desorbitado aumento de las tasas judiciales, que hasta ahora eran atendidas por las grandes empresas, deberá ser ahora soportado por los ciudadanos. Recordemos que el salario medio en España en el año 2011 se sitúa en 22.511 euros, según el INE, eso supone un sueldo bruto de 1.607 euros al mes (contando catorce pagas).
Interponer una demanda judicial de un procedimiento verbal de cantidad inferior a 6.000 euros, supone desembolsar al ciudadano 150 euros por la tasa judicial en concepto de interposición de demanda, además de los costes judiciales del procurador y el letrado. Una vez transcurridos varios meses obtendrá una sentencia, que tal vez no le satisfaga y desee apelarla, pues, además de pagar un depósito judicial de 50 euros, deberá abonar nuevamente la tasa judicial para el recurso de apelación por 800 euros. Total: 1.000 euros por interponer un juicio verbal y recurrir, si se trata de un juicio ordinario 1.150 euros. Cierto que si obtienes la sentencia estimatoria totalmente obtendrás su recobro vía tasas judiciales, siempre y cuando el contrario sea solvente. Si añadimos que el ciudadano vive en Cataluña, deberá pagar también las tasas judiciales catalanas, 180 euros más por un juicio verbal de más de 3000 euros y su posterior recurso de apelación.
El aumento de las tasas se produce en el momento en el que la institución de la Justicia está peor valorada por los ciudadanos. Así una encuesta del año 2011 de Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española, arrojaba que un 84% de los encuestados estaba de acuerdo con la afirmación " la administración de Justicia es tan lenta que siempre que se puede vale más evitar acudir a ella." tal vez la afirmación deba rehacerse la frase: ".....Justicia es tan lenta y tan cara....."
Quizá habría que empezar por rectificar nuestro ratio de jueces por habitantes, la media de la Unión Europea es de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, en España de 10 jueces, somos el país número 37 de 46.
Un saludo.
